La oposición insiste en que la salida temporal del poder de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que vota este miércoles el Senado y se da por segura, significará una nueva era para Brasil. Los adversarios de Rousseff aseguran que significará un borrón y cuenta nueva respecto a la recesión económica, los escándalos de corrupción y el descontento social. Pero el Congreso que tiene en sus manos el destino de este país no es un ejemplo de casi nada. Casi el 54% de los diputados y el 60% de los senadores brasileños tienen o han tenido cuentas pendientes con la Justicia.
Aunque la presidenta de Brasil vaya a caer oficialmente por maniobras fiscales y presupuestarias, extraoficialmente, los opositores que están a punto de destituirla suelen citar los abundantes escándalos de corrupción de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT). El caso Petrobras ha manchado hasta ahora al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al extesorero del PT João Vaccari, y otros exministros como José Dirceu, pero solo han rozado a Rousseff (el fiscal ha pedido investigar la confesión de un delator que la acusa de obstaculizar investigaciones).
Eso sí, las sospechas han dejado la reputación del gran partido de izquierdas de Brasil por los suelos, así como la de parte de la oposición (el vicepresidente Michel Temer, próximo presidente interino, fue mencionado por el mismo delator). Políticos, Parlamento y Senado tienen el peor índice ciudadano de confianza en instituciones, según el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística.
La Cámara de Representantes brasileña tiene a 273 de sus 513 diputados implicados en causas judiciales, según datos de la organización Transparência Brasil.
Hay cargos por corrupción, pero también por extorsión y tortura o por portar armas de fuego. En el Senado, el 60% de los 81 miembros tiene causas pendientes con la Justicia, sobre todo por delitos electorales y corrupción, según la plataforma Atlas Político.
El líder de la comisión especial del Senado que estudia el impeachment, Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ha enfrentado acusaciones de cometer el mismo tipo de irregularidad atribuido a la presidenta.
De acuerdo con el periódico O Estado de São Paulo, cuando gobernaba el Estado de Minas Gerais, hizo maniobras para cuadrar sus presupuestos sin el apoyo del Legislativo. Anastasia ha respondido, simplemente, que “ningún ciudadano pidió el impeachment” durante su Gobierno.
Entre los aliados del PT, la senadora Gleisi Hoffman, una de las principales líderes de la Cámara Alta y exmiembro del gabinete de Rousseff, fue denunciada a principios de mes en el Supremo junto a su marido, un exministro, por corrupción y desvío de dinero en el caso Petrobras.
La Fiscalía la acusa de recibir un millón de reales en sobornos. El mismo delator que ha salpicado a PT y oposición en sus confesiones sobre Petrobras, Delcídio do Amaral, lideraba el grupo del PT en el Senado cuando fue detenido.
Algunos senadores aprovecharon la sesión del domingo para insinuar, de nuevo, que hay motivos graves para que Rousseff deje de ser presidenta.
“El diablo está en los detalles, y es exactamente por eso que la presidenta va a caer”, anunció el senador de la oposición Ataídes Oliveira. Los delitos en los que se basa el impeachment [maniobras fiscales y presupuestarias] de Rousseff, reconoció Oliveira, “son insignificantes frente a los demás”.
No aclaró cuáles eran “los demás”, pero algunos medios se encargaron de recordarle al senador que él enfrenta acusaciones de recibir sobornos millonarios y realizarse donaciones electorales a sí mismo a través de una constructora.
Fuente El País.
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