Santo Domingo.- (Listin Diario).-Tres generales, dos coroneles y otros quince oficiales, suboficiales y alistados de la Policía Nacional figuran involucrados en la misteriosa desaparición de dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos, joyas y otros objetos valiosos, que habrían sido sustraídas en el marco de un sangriento allanamiento que realizaron fuerzas policiales en la zona turística de Sosúa, Puerto Plata, el pasado 17 de octubre de 2012.
En el operativo, que el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo, calificó esta semana de “burdo allanamiento”, resultó muerto un ciudadano alemán y otros cuatro extranjeros heridos.
Un voluminoso informe de la Jefatura de la Policía, titulado “Caso: Corrupción policial de Sosúa, Puerto Plata”, al que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, revela todos los detalles del operativo que no fue autorizado por los altos mandos policiales ni por el ministerio público de la provincia de Puerto Plata.
A raíz del allanamiento al complejo turístico La Mulata III, donde residían varios alemanes presuntamente miembros de una secta religiosa, la entonces jefatura del mayor general, José A. Polanco Gómez, informó que el extranjero Peter Diettrich murió en un enfrentamiento con los agentes.
El propio jefe Polanco Gómez encabezó entonces las investigaciones y ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Puerto Plata, junto al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, pero no se mencionaron las cajas fuertes ni los 60 millones ni los objetos perdidos.
Fue ahora, casi ocho meses después, cuando las autoridades revelan los detalles de las investigaciones, contenidas en el expediente que contiene las acusaciones criminales contra 14 agentes policiales, incluyendo los dos coroneles que entonces comandaban en Sosúa y Puerto Plata.
Los generales
Sobre el general Ney A. Bautista Almonte, jefe de Investigaciones Delictivas (Dintel), el 17 de octubre cuando ocurrieron los hechos, el informe señala que éste fue enterado por el capitán Gersón Acosta Polanco respecto a la desaparición de las cajas fuertes con la alegada suma, pero que el general sólo se limitó a ordenar que investigara y no se ocupó personalmente del asunto.
Del entonces director de Investigaciones Criminales (Dicrim), general Máximo Báez Aybar, que fue sancionado con 10 días de arresto, el informe dice que éste declaró que no se trasladó hasta el lugar de los hechos porque el jefe policial de entonces, el mayor general Polanco Gómez, le sugirió que se quedara, porque él acudiría para iniciar las pesquisas junto general Bautista Almonte.
Mientras que el general Pablo R. Almonte Morales, director de la Regional Norte de Puerto Plata, ha sido vinculado porque presuntamente actuó con falta de tacto, mando y control en sus funciones, y también porque al ser interrogado declaró que se enteró de los hechos por una llamada de uno de los coroneles que estaban en el lugar del operativo, informándole que había una persona muerta como consecuencia de un tiroteo en el citado proyecto habitacional y varios agentes heridos.
El general Báez Aybar tiene una amplia hoja de más de 20 años de servicio dentro de la Policía Nacional, es abogado de profesión, ha realizado distintos estudios superiores dentro y fuera del país, especialmente sobre investigaciones criminales.
Previo a sus funciones como jefe de Investigaciones Criminales, fue director de Relaciones Públicas y jefe de varios departamentos centrales.
Bautista Almonte, además, de Inteligencia Delictiva, fue jefe de Investigaciones Criminales; director Regional Central y jefe de la Policía Preventiva, puesto que ocupa en este momento por segunda vez. Mientras que el general Almonte Morales tiene también una larga hoja de servicio como gerente y en mandos policiales.
Pesquisas e interrogatorios
Según el informe emitido el 21 de junio de este año, ocho meses después, se instruyó coordinar con la fiscal Alba Núñez, del Distrito Judicial de Puerto Plata, para realizar las pesquisas de lugar sobre las querellas presentadas por Gunter Peter Lauer y Rigaud Petit- Frere en contra de los miembros de la Policía Nacional implicados en el caso.
En los interrogatorios practicados se establece que a las 8:30 de la mañana del 17 de octubre del 2012, según la declaración de Peter Brunck, lo llamó por radio de intercomunicación la señora Hailk Saelb, para comunicarle que desconocidos penetraban al residencial con armas de fuego.
Al salir de su casa para ver lo que pasaba y al notar que algunas de las personas estaban vestidas de policías preguntó que dónde estaba la orden judicial para entrar a su propiedad, golpeándolo estos con las culatas de sus armas de fuego, con los puños, a patadas.
Ulrich Muhel, por su parte, declaró que a las 8:25 de ese mismo día lo llamó el “guachimán” Francisco Hernández, diciéndole que en la puerta había varias personas diciéndole que eran policías, quienes se introdujeron saltando la verja, abriendo la puerta desde adentro para penetrar al interior de la casa, y les preguntó que dónde estaba el fiscal para entrar o la autoridad judicial para penetrar a la casa.
Lo despojaron de su radio y procedieron a meterse a la casa de Peter Brunck.
Petite-Frere Rigaud declaró que trabaja como jardinero en la residencia de los esposos Solvey Isabella Ditrich Bosen y el hoy fenecido Peter Dietrich, y a la misma hora del mismo día, en el Proyecto La Mulata III, Sosúa, explicó que policías vestidos de civil y uniformados rompieron la puerta de entrada de la residencia, le ordenaron ponerse las manos en la cabeza y le dieron tres disparos, uno en la pierna izquierda y dos en la derecha.
Circunstancias
Al mismo tiempo el coronel Reymundo de la Rosa expuso que se presentó al lugar en compañía de representantes del ministerio público, con una unidad patrullera de veinte hombres para cubrir las cinco puertas que tiene el proyecto para evitar que alguien entrara o saliera en virtud de la peligrosidad de la información que manejaban.
Estos interrogatorios dan una panorámica coincidente en hora, día y circunstancias.
Al ser interrogado, el coronel Roberto Salcedo Santos indicó que a las seis de la mañana de ese mismo día salieron de Puerto Plata a realizar varios allanamientos al residencial La Mulata III en su condición de Director Adjunto de Investigaciones Criminales Regional Norte, coordinado por el capitán Gerson Acosta Polanco, subdirector de Investigaciones con asiento en Sosúa.
Dijo que al llegar al residencial se quedaron doce policías en la puerta 1, donde los esperaron dos extranjeros armados con escopetas.
Mientras que Gerson Acosta manifestó que 15 días antes de estos acontecimientos la fiscal de Puerto Plata le había preguntado si tenía conocimiento de los problemas que había en ese proyecto, contestándole que sí, porque anteriormente un señor holandés de apellido Murk fue a poner la denuncia de que el señor Peter Brunck le obstaculizaba la calle.
Gerson Acosta ratificaba que pudo observar cuando el primer teniente Nilson Peña Encarnación, el sargento mayor Pedro Antonio Fernández y el sargento Stalin Castillo montaron dos cajas fuertes que sacaron por la cocina de la casa de Peter Brunck, en la guagua de la Policía Científica.
En los interrogatorios se explica que el primer teniente Nilson, el segundo teniente Stalin y un sargento mayor que se conoce como Maseta, montaron dos cajas fuertes que sacaron por la cocina de Peter Brunck en una guagua de la Policía Científica.
Los coroneles que se les obligó a pedir su retiro son Raymundo de la Rosa y Roberto Salcedo Santos, y los primeros tenientes Juan María Toribio, Francis Sánchez, Nilson Peña y Félix Silverio.
Mientras el primer teniente Sandy Ferreira Díaz, el sargento mayor Pedro Fernández (Maseta) y los sargentos Stalin Castillo Basora, Edgar de la Rosa Rosario y José Manuel Hiraldo Martínez, fueron cancelados, al igual que los rasos Vicente Vásquez y Juan Jiménez Sosa.
REVELAN DETALLES QUE SE DESCONOCÍAN UNOS 25 INTERROGADOS
Las informaciones sobre la desaparición de las dos cajas fuertes durante el allanamiento efectuado por los agentes en el Proyecto Habitacional La Mulata III se conocieron esta semana, luego que un diario digital de Santo Domingo publicó fragmentos del expediente criminal sometido por el ministerio público a los tribunales de Puerto Plata el pasado 17 de julio, tras estudiar los resultados de una investigación realizada por la Procuraduría General de la República y el inspector general de la Policía, mayor general Frener Bello Arias, que encabeza una comisión ordenada por el jefe de la Policía, Castro Castillo.
Esta vez la comisión interrogó a unos 25 miembros de la Policía, entre ellos a los generales Ney Aldrín Bautista Almonte, Pablo R. Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes eran directores de Inteligencia Delictiva, Regional Norte e Investigaciones Criminales, respectivamente, al momento de producirse la supuesta “desaparición” de las dos cajas fuertes.
Las investigaciones desde el principio fueron exhaustivas, pero no se habían dado a conocer todos los sancionados por este “bochornoso” episodio.
Sobre los generales mencionados, el vocero de la Policía, coronel Jacobo Mateo Moquete, aclaró que fueron sancionados por “negligencia”, ya que al parecer no actuaron correctamente.
Las investigaciones se iniciaron con sendas querellas presentadas en la Fiscalía de Puerto Plata, supuestamente por los extranjeros Gunte Peter Lauer y Rigaud Petit- Frere contra los coroneles policiales Raymundo de la Rosa Ogando y Roberto A. Salcedo Santos.
Los extranjeros también se querellaron contra el segundo teniente Odenis Francisco Feliz Reyes y el sargento Stalin Castillo Basora.
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