Como beneficiaria de un programa de planificación familiar para mujeres de escasos recursos del colombiano departamento de Arauca, Paula Cubillos recibió con asombro la confirmación de su segundo embarazo.
Pero cuando quiso encontrar una explicación para su inesperada gravidez, esta colombiana de 32 años terminó encontrándose con una sorpresa todavía más grande: algo similar también le había ocurrido a casi un centenar de mujeres que, como ella, estaban recibiendo anticonceptivos gratis.
"Yo me vine a enterar en agosto de 2008. Y lo primero que hice fue ir hasta el centro de salud a preguntarle a la jefe de enfermería que me atendía qué había pasado conmigo que había quedado embarazada", comentó Cubillos a BBC Mundo.
"Ahí es cuando ella me dice que está preocupada porque no soy la primera mujer que le llega a decir eso, que son muchas las mujeres que están embarazadas", contó.
Eventualmente, la insistencia de Cubillos llevaría a las autoridades a descubrir que en el departamento de Arauca se estaban comercializando versiones falsas de Nofertyl, un anticonceptivo inyectable.
Y aunque uno de sus distribuidores actualmente paga una condena de 39 meses de prisión por el caso y a otro la fiscalía colombiana le acaba de imputar cargos, cinco años más tarde las mujeres que resultaron embarazadas por causa de los anticonceptivos falsificados aún siguen esperando ser resarcidas por el estado colombiano.
"Se está demandando a la entidad de salud que se llama Empresa Social del Estado (ESE) Jaime Alvarado y Castilla, porque esa fue la empresa que contrató y compró los biológicos y era la encargada de todo el plan de planificación (familiar)", indicó a BBC Mundo Hugo Quinteros, quien representa legalmente a las mujeres en su demanda contra el Estado.
"Se pide una reparación integral a las personas afectadas: que el Estado sea solidario en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la recreación, la salud, la alimentación de un menor, con los gastos que implica sacar adelante la vida y el desarrollo de un menor", explicó el abogado.
"No planificado"
En la demanda, que este martes entra a la última etapa de su fase probatoria, no participan sin embargo todas las afectadas, sólo las cincuenta miembros de la Asociación de Madres Víctimas de la Falsificación de Medicamentos (ASMAVIFAMI) creada por Cubillos.
"Muchas de ellas, digamos que por cultura, o por temor también –porque usted sabe que en Arauca estamos en zona roja y las amenazas sobraron– dijeron: 'yo humildemente mejor saco adelante a mi hijo y no voy a demandar'", explicó la presidente de ASMAVIFAMI a BBC Mundo.
"Y es que hubo mucha gente que nos criticó, preguntaban: '¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos más adelante, que fueron un error?'. Pero no se trata de eso, sino que estamos luchando por un derecho que tenemos: el derecho a elegir cuántos hijos queremos tener, el derecho a elegir un buen servicio", ilustró Cubillos, quien había decidido posponer un posible embarazo hasta completar un tratamiento médico hecho necesario por un accidente de tránsito.
"Yo sí deseaba otro hijo, pero no en ese momento. O sea que mi bebé no fue planificado, pero eso no quiere decir que no fuera deseado", expresó.
En su caso, el problema con los anticonceptivos se tradujo en un embarazo de alto riesgo. Y su segundo hijo, ahora de cuatro años, también enfrenta problemas de desarrollo y de aprendizaje.
Pero esta mujer, que todos los años en abril organiza una celebración de cumpleaños colectiva para los hijos de las integrantes de ASMAVIFAMI, organiza rifas y busca donaciones para celebrarles también las navidades, se dice más preocupada por la situación de sus compañeras de lucha, todas de escasos recursos, algunas desplazadas del conflicto armado.
"Eso fue traumático para ellas. Hay muchas mujeres que eran madres cabezas de hogar, que tenían su compañero sentimental en ese momento y que se quedaron solas cuando de pronto resultaron embarazadas", afirmó.
"De 50 mujeres sólo tres tienen vivienda propia y esta es la hora en que el Estado no nos ha tenido en cuenta ni siquiera para un subsidio de vivienda. Yo lo que vengo es peleando por un techo digno y propio para esos niños y para esas familias" insistió.
Optimistas
Según el abogado Quinteros, el proceso legal en contra de la ESE Jaime Alvarado y Castilla todavía podría prolongarse por otro año.
Pero, según el letrado, si bien en Colombia no hay antecedentes comparables, la jurisprudencia internacional sugiere que hay razones para esperar con optimismo el fallo.
"Además, para nadie es un secreto que la corrupción que hay en Colombia permite que se juegue con la salud de las personas, y a la luz de la justicia esas mujeres deben ser reparadas", dijo a BBC Mundo.
"La comunidad es consciente de eso y el mismo Estado es consciente de que hubo fallas en la prestación del servicio", señaló.
El director de la ESE Jaime Alvarado y Castilla, doctor Leider Daza, aseguró sin embargo que continuará haciendo todo lo posible para evitar un fallo contrario.
"Como gerente la posición mía es la defensa jurídica y legal de la empresa frente a todas las demandas que se llegasen a dar, pues pondrían en riesgo financiero a la empresa", dijo a BBC Mundo.
"Y si bien hay un proceso que ya demostró que unos medicamentos en el departamento fueron falsos, no se ha demostrado que estos hayan sido de la empresa", explicó el médico, quien también recordó que todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de falla.
"Si uno mira el número de usuarias atendidas en el año en la ESE y saca el porcentaje de fallas, uno podría considerar que puede ser simplemente una falla terapéutica del medicamento, porque en todo el año fueron beneficiarias del programa de planificación familiar unas 4.000 mujeres", aseguró Daza.
La concentración de esas fallas en un mismo período y el hecho de que todas las afectadas estuvieran recibiendo Nofertyl –el anticonceptivo del que se encontraron cerca de mil ampollas falsas, comercializadas por los intermediarios perseguidos penalmente por el Estado– es sin embargo sólo una de las razones por las que Quinteros y Cubillos están convencidos de tener la razón de su lado.
Y para la presidente de ASMAVIFAMI, el hecho de que buena parte de las mujeres afectadas estén reclamando sus derechos ya es también una pequeña batalla ganada.
"Muchas de estas mujeres han sido pisoteadas toda su vida por sus esposos, por sus padres, por todo el mundo, inclusive por el estado, que fue lo que hicieron con nosotras", precisó a BBC Mundo.
"Yo lo que hice fue sensibilizarlas a ellas que no íbamos a pelear por el hecho que tuviéramos hijos, sino que íbamos a pelear porque fallaron en un servicio que tenía que ser perfecto, porque estaban jugando con la salud de nosotras", concluyó.
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