Doña Aurelina Santana parió siete hijos, pero legalmente ni siquiera uno es de ella. Aunque parezca una contradicción, es una realidad, ya que se los “entregó” a otras personas para que se los declaren, porque carece de acta de nacimiento.
Cuatro fueron declarados por un hermano del papá de los muchachos y tres por otra mujer que tenía su marido. “Yo no tengo hijo, yo no ma los parí”, comenta, sin comprender las implicaciones de esta declaración.
Los hijos de esta señora fueron declarados a los 18 años, porque querían tener cédula.
La Constitución dominicana confiere derecho a las personas a ser inscritas en el registro civil desde su nacimiento, de forma gratuita. Pero, por múltiples razones, esa disposición no es asumida por todos los ciudadanos.
Muchos hasta mueren sin gozar de esas prerrogativas.
Privaciones
Los indocumentados viven privados de ejercer una serie de derechos.
No pueden declarar a sus hijos, no pueden contraer matrimonio, no pueden heredar, no pueden tener un empleo formal, no pueden elegir y ser elegidos, no pueden acceder a la justicia…, en fin, viven condenados a la informalidad.
La encuesta Enhogar 2011, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas, evidenció que el 3.9 por ciento de la población carece de acta de nacimiento, pero el porcentaje es mayor en el segmento más joven.
En el grupo de 0 a 4 años, llega a 17 por ciento; entre 5 a 9 años, 8.5 por ciento; entre 10 a 14 años, 5.2 por ciento y entre 15 a 19 años, 3.1 por ciento.
Ese mismo sondeo muestra un aumento del número de personas que poseen actas, ya que para el 2008 era de 94.2% y aumentó a 95.6 por ciento en el 2011, con un incremento de 1.4 por ciento.
Avance
En los últimos seis años, la Junta Central Electoral (JCE) ha provisto de actas de nacimiento tardía a 335,801 personas, solicitudes tramitadas a través de oficialías de registro civil del país y la Unidad Central de declaraciones Tardías de Nacimiento, creada para asistir a las personas directamente en las comunidades.
Esa unidad asistió a 202,971 personas entre el 2007 y el 2013, según precisó Brígida Sabino, directora de esa dependencia, que funciona desde el 2007.
Esa labor ha recibido el apoyo de organismos internacionales, que han hecho sus aportes económicos y en materiales educativos, dirigidos a crear conciencia en la población sobre el valor del acta de nacimiento.
Ese proceso también ha contado con la colaboración de instituciones locales, como los ministerios de Salud Pública y Educación, iglesias, ayuntamientos y organizaciones sociales.
Sabino también resalta las mejorías introducidas por la JCE en las oficialías de registro civil y la instalación de delegaciones de oficialías en los hospitales.
Aunque estos programas han tenido su incidencia positiva, no han sido suficientes para eliminar el subregistro de nacimiento, que sigue siendo una tarea pendiente de solución en República Dominicana.
Cada día, las oficialías de registro civil reciben decenas de solicitudes.
Dificultades
Ese trabajo que realiza la JCE para identificar a los indocumentados en los lugares más apartados, ha encontrado sus trabas.
“Yo nunca he ido al pueblo, yo no voy a dejar mi vaca sola, si me quieren dar documento que me lo traigan aquí”, le dijo a Sabino una señora de Mamá Tingo, de Yamasá, después que ya le habían preparado el expediente y sólo faltaba que retirara su acta de nacimiento.
Esa expresión refleja la falta de consciencia sobre la importancia de estar declarada, que a su vez constituye una de las dificultades que enfrenta el personal de la Unidad de Declaraciones Tardías de la JCE.
Esto se une a la falta de educación y a la baja escolaridad de la mayoría de los indocumentados, que por lo general pertenecen al grupo social más pobre del país, donde el 10.1 por ciento carece de acta de nacimiento.
Otras limitaciones que tienen la personas para registrar su nacimiento en las oficialías es la ubicación de las comunidades donde viven, que están distantes a los municipios donde funcionan las oficialías.
En muchos casos, no pueden entrar los vehículos, porque los caminos están en malas condiciones, y a veces es necesario hasta cruzar un río para llegar a esos lugares.
Sabino cita la comunidad Mamá Tingo, de Yamasá, con la que trabajan actualmente, donde para llegar hay que desmontarse de la camioneta para subir a un caballo y luego concluir el trayecto a pie.
“Si ahí no llega la mano amiga de la JCE y si la Junta no recibe el apoyo de entidades, no habrá forma de documentar a esas personas”, considera Sabino.
Las personas también enfrentan problemas para conseguir las certificaciones de nacidos vivos en hospitales, porque a veces al momento del parto dan nombres erróneos y después hay dificultad para hallarlas.
Otra problemática es que algunas mujeres no quieren declarar solas a sus hijos cuando están separadas del marido, aunque se les prepare el expediente. Desconocen que la mujer puede hacerlo sola y después el padre reconocerlo.
Aunque la JCE no cobra por la declaración de nacimiento, algunos documentos que se deben aportar tienen un costo, lo cual limita a personas pobres.
REQUISITOS LEGALES QUE ATRASAN EL REGISTRO
Después que pasa el tiempo que fija la ley 659 sobre actas del estado civil para registrar el nacimiento (60 días en la zona urbana y 90 en la rural), se debe hacer una inscripción tardía, que conlleva cumplir con requisitos.
Además de la copia de la cédula de los padres y de la certificación de nacimiento del centro médico, se requiere una certificación de no declarado.
Pero lo que más retrasa es la sentencia de ratificación que exige la ley. Ese requisito fue eliminado durante tres años para los menores de 16 años, desde el 2007 hasta el 2010 mediante la ley 218-07 sobre amnistía de declaraciones tardías de nacimiento.
Las solicitudes de declaraciones tardías se depositan y se retiran en la oficialía civil del lugar correspondiente.
En las comunidades con las que trabaja la Unidad de Declaraciones Tardías de la JCE, las personas reciben el apoyo de un personal para la preparación del expediente.
Con la reforma al Código Civil que cursa en el congreso se está planteando ampliar el plazo para las declaraciones oportunas.
Aurelina Santana anhela tener un acta Doña Aurelina Santana ha vivido sus 67 años sin documento de identidad.
Hasta su sector nunca han llegado los programas de declaraciones tardías que desarrolla la JCE.
Sostiene que no ha tenido dinero para buscar los “papeles” que le piden, aunque expresa que en una ocasión comenzó a buscarlos. “Yo saqué mis papeles no hace mucho y me los robaron de aquí, ya yo tenía mis papeles y me faltaban 500 pesos”, dice.
Aunque anhela tener un acta, Aurelina está por rendirse, “porque creo que ya no voy a poder”.
Vive ahora en el barrio Caamaño, en Neiba, pero crió a sus hijos en el paraje El Majagual Cenizo, donde todavía el principal medio de transporte es el caballo.
Piensa que sólo sintió que necesitaba el documento para declarar a sus hijos.
“Yo no sé desenvolverme en nada”, confiesa.
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