SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.-Un juez varió las medidas de coerción y dejó en libertad al oficial policial que el año pasado mató a sangre fría a tres reclusos que se habían entregado luego de fugarse de una cárcel local.
L
os reclusos asesinados respondía a los nombres Jeffey Sandoval, Marco Inoel Brito y Jery Ortiz López.
Contra el primer teniente de la policía nacional Rafael Báez Severino, el Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, había dictaminado 3 meses de prisión preventiva por el asesinato de Jefry García Sandoval, Jerry Antonio Ortiz y Marcos Inoel Brito Hidalgo, hecho ocurrido el 31 de octubre del año 2012, en la sección La Enea.
En principio, la Policía Nacional reportó el suceso como producto de un “intercambio de disparos”.
Sin embargo posteriormente el país y el mundo pudieron observar en un vídeo, difundido por la comunicadora-investigadora Nuria Piera, la forma en que el oficial acribillaba a mansalva a uno de los tres reclusos que días antes había escapado de la cárcel.
La revelación de Piera fue el detonante para poner en videncia el vil asesinato cometido contra ciudadanos que ya habían sido sometidos a la obediencia, dando lugar a que la jefatura de la policía dispusiera el traslado del general de brigada Juan Ramón de la Cruz Martínez y demás oficiales que le acompañaban, además de disponer el sometimiento a la justicia del primer teniente Báez Severino.
Porfirio Estévez, magistrado juez de la segunda sala del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Duarte, varió la medida de coerción a favor del oficial policial, imponiéndole visita periódica, impedimento de salida y una garantía económica por un millón de pesos a cargo de una empresa aseguradora.
Fiscal apelará decisión de juez
En tanto el procurador fiscal del Distrito Judicial de Duarte, Regis Victorio Reyes, anunció que recurrirá en apelación la decisión del juez de la segunda sala del juzgado de la instrucción.
Estimó que por la gravedad de los hechos no procedía variar las medidas al primer teniente de la policía nacional Rafael Báez Severino, sino que debieron ser confirmadas para que se mantuviera en prisión.
El magistrado Victorio Reyes dijo que recurrirá en apelación la decisión por tres razones: Primera, porque hay tres muertos, “tres seres humanos, sin importar cual haya sido su trayectoria”. Segunda, por la actuación de un oficial de la policía, que es una institución del sistema que está llamada a la preservación de la vida humana, el bien jurídico más protegido. Tercera razón, por entender que tanto el Ministerio Público como los jueces son funcionarios del Estado dominicano, y por ende deben ser garantes de la aplicación de la constitución y las leyes.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico procesal penal dominicano, el recurso de apelación no es suspensivo de ejecución de la decisión dada por el tribunal, por lo cual el oficial policial inmediatamente pague la garantía económica impuesta quedará en libertad.
Otro escándalo del mismo tribunal
Hace poco que el juez de la segunda sala del Juzgado de la Instrucción se vio involucrado en un escándalo, al variar la medida de coerción a favor de un personaje multimillonario de la comunidad de Las Guáranas, contra el cual pesaba prisión preventiva.
Se trata del caso de Reymundo Adames Alberto, quien guardaba prisión preventiva por violencia de género contra una menor de edad, la cual estuvo a punto de perder la vida por los golpes y heridas recibidas.
El tribunal vario la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica, decisión que desató un escándalo que dio lugar a que la Procuraduría General de la Corte de Apelación iniciara una investigación sobre documentos falsificados que fueron utilizados como presupuesto para variar la medida.
Entre abogados, jueces y fiscales ha corrido la versión de que la Suprema Corte de Justicia, realiza una investigación del caso, a raíz de denuncias formuladas por los padres de la menor agredida, cuyo nombre no se publica por razones legales.
Los padres de la menor habrían rechazado ofertas millonarias del imputado para que retiraran la querella.
La decisión en este caso también fue apelada por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, Regis Victorio Reyes.
Fuente acento.com.do
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