14.6.11

Someten proyecto de ley protege derecho de la mujer

El ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, depositó ayer ante el Senado de la República un anteproyecto de ley que procura facilitar el acceso a la justicia de las mujeres y familias víctimas de la violencia o en confl icto, y efi cientizar la orden de protección.

En visita al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, Hernández Peguero entregó el anteproyecto que atribuye competencia a los jueces de paz del conocimiento de los casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar, fundamentado en la cercanía de esos tribunales con la población, sus procedimientos sencillos y rápidos, y su disminuida carga judicial.

Protección
“Las mujeres de los campos y barrios tendrán acceso rápido a la justicia a través de los 164 jueces de paz diseminados en todo el país y solicitarle una orden de protección que aleje al agresor, a diferencia de lo que actualmente sucede cuando solo 35 jueces de la instrucción del país, localizados en los municipios cabeceras de la provincias atienden las peticiones”, precisó Hernández Peguero al ser entrevistado en el despacho de Pared Pérez.

Explicó que el anteproyecto de ley incluye la creación de los fondos de asistencia para las mujeres y familias víctimas de la violencia, bajo la dependencia del Ministerio de la Mujer y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, sustentado en las multas impuestas a los agresores que oscilan entre los mil y cien mil.

Manutención
Señala además que el anteproyecto de ley introduce modifi caciones a la orden de protección, al facultar al juez de paz a suspender las licencias de porte y tenencia de armas de fuego del agresor y su incautación, así como también fallar sobre la manutención y el régimen de visitas a los hijos comunes menores edad, obligarlo a pagar los servicios médicos a los cuales tenga que acudir la víctima y un régimen de publicidad que incluye el levantamiento de una fi cha en los antecedentes judiciales, la publicación en un mural del tribunal y la supervisión de su cumplimiento por el ministerio público.

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